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Muchos indicios nos inducen a aceptar que en nuestro país se ha iniciado una etapa en la cual la actividad científica ocupará una posición de prioridad en la agenda de los gobiernos. Finaliza de este modo un período de casi cuatro décadas de políticas que pusieron el tema científico en un rincón de poco acceso. Muchos indicios nos inducen a aceptar que en nuestro país se ha iniciado una etapa en la cual la actividad científica ocupará una posición de prioridad en la agenda de los gobiernos. Finaliza de este modo un período de casi cuatro décadas de políticas que pusieron el tema científico en un rincón de poco acceso. Necesitamos un Estado que se ocupe de orientar políticas y asumir decisiones que permitan construir primero un país, un modelo de país, en lo económico, en lo productivo y en lo social; luego, un sistema científico y tecnológico nacional que sume su capacidad y esfuerzo a esa gesta de recuperación. Necesitamos una comunidad científica sin complejos, que se sienta parte del Estado y que entienda y acepte que la política científica debe formar parte de toda la política. En estos tiempos, la ciencia, la tecnología, la producción, la economía, la distribución social de la riqueza y la calidad de vida, forman un todo. Actualmente, en todo el mundo, los resultados de la ciencia se califican en calidad y en pertinencia. No debemos ni podremos excluirnos de ese enfoque universal. Como corresponde, ha sido primero el Estado quien ha dado muestras inequívocas de volver a situar a la ciencia y la tecnología entre las principales prioridades que se deben incluir en el nuevo modelo de país.
El propio presidente, Néstor Kirchner, ubicó en uno de sus principales discursos a Ciencia y Técnica como la tercera prioridad de su gobierno, por detrás de la cuestión social y la productiva. El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación ha diseñado y logrado aprobar por el Congreso la ley del financiamiento educativo, que llevará al seis por ciento a participación en el PBI de los recursos educativos y científicos. La Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva ha anunciado, asimismo, llevar el porcentaje de participación en el PBI, de los fondos para investigación científica y tecnológica, por lo menos al uno por ciento. Los gobernadores de todas las provincias argentinas publicaron a fin de año una solicitada en la cual se comprometieron a acompañar la política educativa y científica tecnológica nacional y aumentar la participación federal en el financiamiento de las actividades y programas regionales. El máximo organismo nacional de investigación y formación de recursos humanos de excelencia, el Conicet, ha iniciado una progresiva transformación de sus estructuras y criterios mediante el lanzamiento, hace ya más de un año, de un conjunto de definiciones que constituyen un sintético pero profundo plan estratégico:
--Crecimiento del sistema mediante la incorporación de 1.500 becarios y 500 investigadores por año.
--Desarrollar programas con orientación de líneas de trabajo.
--Aplicar criterios de pertinencia en la planificación de las inversiones y el desarrollo territorial.
Un nuevo ordenamiento funcional y administrativo mediante la creación de un sistema de unidades ejecutoras que, además de permitir la organización territorial del Conicet, propiciará que el 80 por ciento de los investigadores funcionen agrupados en este sistema. El sistema tendrá a las universidades nacionales como principal base de asentamiento, y también podrán participar centros regionales y provinciales, parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Es un verdadero desafío que forma parte de la construcción del nuevo paradigma. Lo que suceda en el Conicet seguramente se trasladará rápidamente al sistema universitario, posibilitando su evolución y alineación con los nuevos paradigmas. Este proceso es bienvenido por el Sistema Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación, muy sensible a las realidades del interior. El organismos que agrupa a las provincias en esta temática, el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), viene luchando por este cambio desde hace muchos años.
En las provincias, quienes tenemos la responsabilidad de dirigir y coordinar las políticas locales de Ciencia, Tecnología e Innovación, debemos ahora lograr complementar las políticas nacionales con las provinciales y regionales, sin duplicar mecanismos o sistemas. Esto hará que se optimice el uso de los recursos económicos, para el bien del sector y del país todo.